El objetivo de la iniciativa  era difundir el proyecto  “En Seguridad Todos/as Sumamos” llevado a cabo por la Municipalidad de Talcahuano.

En la Universidad Andrés Bello sede Talcahuano se llevó a cabo el Encuentro Regional de Mediación Vecinal y/o Comunitaria: Buenas Prácticas al Servicio de las Personas, organizado por la Municipalidad de Talcahuano, y que contó con la presencia de la Gobernadora Provincial Andrea Muñoz Araya, el Acalde anfitrión Gastón Saavedra, el  Coordinador Regional de Seguridad Pública, José Miguel Ortiz y representantes de los  municipios de la región del Biobío.

El objetivo de la instancia, era socializar y difundir los lineamientos del Proyecto “En Seguridad Todos/as Sumamos”, iniciativa que pretende instalar en la comunidad la  resolución pacífica de conflictos vecinales, así como también,  incorporar  buenas prácticas desde el ámbito de la mediación.

El contexto que genera la implementación del proyecto se sustenta en los resultados obtenidos en los Diálogos Comunitarios realizados el año 2015, donde se pudo apreciar la baja cohesión vecinal como un problema que afecta a la integración barrial.

Por otro lado, los fenómenos que generan mayores conflictos entre los vecinos son los ruidos molestos, basura o  falta de aseo en las calles y problemas con animales o mascotas.

“Es importante instalar en la comunidad la resolución pacífica de conflictos entre los vecinos, nuestra región presenta un alta tasa de no resolución de conflictos en comparación  con otras regiones, por lo tanto, es necesario trabajar en estos temas,  e internalizar la existencia  en la población del mecanismo de mediación y/o conciliación, como instancia de resolución de problemas barriales” acotó la Gobernadora Andrea Muñoz.

La octava región presenta una tasa del 89% de NO solución de los conflictos en relación al resto de las regiones. En cuanto al conocimiento de las instituciones para resolver los conflictos, se obtiene que acuden un 65% a carabineros, un 38% a la municipalidad, 28% a las juntas de vecinos, un 4% a juzgados de policía local y un  2% a la Corporación de Asistencia Judicial.