La reunión estuvo  encabezada por la Gobernadora de Concepción y el jefe provincial de CONAF Carlos Reveco. En la instancia,  se abordaron  principalmente las problemáticas que afronta la provincia durante la temporada invernal, que es el transporte y venta ilegal de leña proveniente de bosque nativo.

El objetivo de la iniciativa es desarrollar acciones de fiscalización conjunta, para asegurar la protección y conservación de los ecosistemas forestales. La mesa de fiscalización se conformó el año 2015,  y la  integran representantes de la Gobernación, Servicio de Impuestos Internos (SII), Seremi de Energía, Carabineros de Chile, PDI, Corporación de Certificación de Leña,  y las municipalidades de Concepción, Florida y Penco. La secretaría ejecutiva del organismo  está a cargo de la Corporación Nacional Forestal.

En la oportunidad, se planteó la necesidad de establecer un plan de trabajo para realizar acciones conjuntas en diferentes puntos de la Provincia de Concepción, de modo de fiscalizar centros de acopio y vendedores ilegales de leña, principalmente nativa, así como también controles carreteros al transporte de madera.

La Gobernadora Andrea Muñoz, indicó que “es importante señalar que, la Presidenta de la República ha aprobado la Política de la Leña, y en ese contexto nosotros hemos llevamos adelante la Mesa de Fiscalización Forestal que nos va a permitir tres propósitos importantes. Primero, ver la coordinación de las entidades que les corresponde la fiscalización. Segundo, impulsar acciones de fiscalización tanto preventivas como de control que nos permitan proteger los ecosistemas asociados al bosque. Y tercero, dar respuesta a las demandas ciudadanas respecto de cómo podemos mejorar las estrategias para la descontaminación atmosférica”.

En tanto, el jefe provincial de Conaf Concepción, Carlos Reveco, destacó que esta mesa “apunta básicamente a fiscalizar la madera nativa, el robo de ésta y el uso de leña, a fin de establecer su procedencia y calidad; es decir, que sea legal y seca. La experiencia nos ha demostrado que la labor coordinada que podemos tener con los distintos servicios, cada uno en su ámbito de acción, tiene un impacto mucho mayor en las fiscalizaciones que se realizan hacia el negocio informal de leña”.