La gobernadora Andrea Muñoz, junto a la directora del Sernam, Valentina Medel y el Intendente Subrogante, Enrique Inostroza, difundieron el proyecto de Ley que busca despenalizar la interrupción del embarazo en tres causales.

Hasta la Plaza de la Independencia llegaron las autoridades para dar a conocer el proyecto de ley impulsado por la presidenta Michelle Bachelet para la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales.

La iniciativa elimina la sanción penal ante tres causales extremas: riesgo vital de la madre; embrión o feto incompatible con la vida extrauterina; o cuando el embarazo sea resultado de una violación.

Al respecto la directora del Sernam, llamó a no ejercer presiones en la votación de este proyecto en el parlamento.

“Nos parece que no pueden haber presiones en la votación de este proyecto, una iniciativa tan importante para las mujeres, para nuestra dignidad y nuestros derechos”, sostuvo.

La gobernadora destacó la importancia de esta iniciativa. “Este es un proyecto que tiene que debatirse en el espacio del parlamento y pueda ser un proyecto mejorado con las tres causales como lo hemos propuesto como idea matriz desde el Gobierno para entregar condiciones de dignidad a las mujeres y promover la igualdad de género”, indicó.

Los derechos de las mujeres están en el centro de esta propuesta, por ello cada una de las causales de interrupción legal del embarazo que el proyecto aborda, exigen la expresión de la voluntad libre de la mujer, sin la cual no puede tener lugar. La manifestación de la voluntad debe ser expresa, previa y escrita, ante el médico tratante.

Son capaces de hacerlo las mujeres mayores de 18 años; jóvenes entre 14 y 18, que deben informar a sus padres; y menores de 14 años, con la autorización de su representante legal, y en caso que no se cuente con ella, la niña podrá acudir junto a un integrante del equipo de salud ante un juez de familia para que éste otorgue la autorización respectiva. Cuando se trate de una mujer capaz, pero temporalmente incapacitada, se aplicará la ley Nº 20.584 sobre derechos de los pacientes.